21.5.05

La política de la vivienda

Parece que la ministra María Antonia Trujillo continua desgranado su supuestamente ambicioso plan para arreglar el problema de la vivienda en España. Ahora nos revelan que se va a crear un nuevo tipo de vivienda de oferta pública un 20% más cara que la de VPO destinada a familias con rentas medias.

Por mal camino vamos si en un bien de consumo necesario, de primera necesidad, como es la vivienda, el estado tan solo ve soluciones en introducir la oferta pública para las clases más desfavorecidas y ahora en ampliar a las clases medias y quien sabe si se terminará realizando vivienda protegida para clases altas.

Esto es como si en otro producto necesario como pueda ser la leche, se pone tan cara que el estado en vez de solucionar lo que pudiera ser monopolio, insuficiencia en la producción o cualquier otro problema relacionado con el mercado de la leche, crease cartillas de racionamiento para los pobres y luego como sigue siendo carisima también para las clases medias. Esa por supuesto no sería la solución.

El problema de la vivienda en España, y la ministra lo sabe perfectamente, parte de una legislación adecuada para la especulación: la ley del suelo de 1956. Este código, realizado en pleno franquismo, y con ligeras modificaciones, es en el que se cimenta nuestro actual urbanismo.

Este sistema está basado en un fuerte intervencionismo: se permite la propiedad privada del suelo pero se limita el libre uso de este. Es el estado, representado fundamentalmente por los ayuntamientos, el que decide lo que el propietario puede o no hacer con su suelo. Otorgarle ese poder a un alcalde equivale a concederle un dominio absoluto sobre el precio del suelo además de una estructura conveniente para corruptelas.

Ya el mismo legislador en la exposición de motivos de la ley del suelo de 1956, en un extraño intento de explicar lo que debería hacerse y no se hizo, expuso lo que sería la manera correcta de gestionar el suelo:
El ideal de la empresa urbanística pudiera ser que todo el suelo necesario para la expansión de las poblaciones fuera de propiedad pública, mediante justa adquisición, para ofrecerlo, una vez urbanizado, a quienes desearen edificar. La solución sin embargo, no es viable en España. Requeriría fondos extraordinariamente cuantioso que no pueden ser desviados de otros objetivos nacionales y causaría graves quebrantos a la propiedad y a la iniciativa privada.
Exposición de motivos. Ley del suelo de 1956.
¿Cuál es el sistema que la exposición de motivos idealiza? El que concedería menos poder a los políticos, menores beneficios a los grandes propietarios de suelo y por lo tanto mejor situación para el ciudadano de a pie. Por esas razones usted no ha escuchado nunca hablar de él. A nadie de la clase política le interesa variar esta situación y perder el inmenso poder que representa.

La manera de proceder consistiría en que ante una necesidad de expansión de una población se debe expropiar suelo no edificable a precio de suelo no edificable (barato), urbanizarlo y entregarlo a los constructores para que edifiquen viviendas descargadas del alto precio del suelo. El gran disparate del sistema actual reside en la fábrica de dinero, que al final termina pagando el comprador, en que consiste el convertir de la noche a la mañana a un terreno en habilitado para la edificación. Además hemos de considerar la posibilidad de que esos terrenos susceptibles de recalificación hayan sido adquiridos por un comprador con información privilegiada.

Poco importa que todo esto signifique justo lo opuesto del artículo 46 de la Constitución el cual indica que "todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada", y añade: "Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación"

Así que prepárense a seguir escuchando medidas de nula influencia en el problema de la vivienda española. Lo contrario significaría perjudicar demasiados intereses.

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